A pesar de que sea imposible hacer frente al pago de hipotecas u otros préstamos existen situaciones legales que, cumpliendo unos requisitos, toda persona tiene derecho a utilizar para enmendarse
Las crisis económicas suelen ser un escollo que a muchas familias les cuesta un disgusto financiero. Cuando los mercados no son estables, por regla general, también el sistema laboral sufre las consecuencias y eso, a corto y medio plazo, afecta a los que tienen menos poder adquisitivo o a los que dependen de un sueldo para subsistir.
También ocurre, en muchas ocasiones, que las hipotecas y préstamos que se firman con las entidades bancarias llevan aparejadas una serie de cláusulas que resultan abusivas. Por todo ello, cuando alguien detecte que sus intereses legales están siendo mermados, lo mejor es acudir a un buen grupo de expertos juristas que estén especializados en este tipo de situaciones.
Desde luego, para un usuario que aborda una situación tan compleja y que causa tanto estrés emocional es conveniente que se ponga en manos de abogados especialistas en ejecuciones hipotecarias, ya que sabrán reconducir la situación planteando todos los escenarios posibles poniendo los intereses del cliente por delante de los de la entidad bancaria.
Porque, ante un impago hipotecario por insolvencia, el banco puede demandar a su cliente y exigirle el pago completo de todo el dinero prestado y sus intereses. ¿Qué hacer en ese momento? Pues, lo primero es asesorarse y por supuesto, ver las opciones que se tienen.
¿Qué se puede hacer ante una ejecución hipotecaria?
Existen aquí varios escenarios ante los que tendrá que decidir el equipo de abogados cuál es el más factible, según el caso concreto. Por eso, la previa obtención de datos, el anticiparse lo máximo posible al acontecimiento y mostrar, en todo momento, predisposición a solventar de la mejor manera el escollo legal y económico generado juega en favor del cliente perjudicado. Incluso, los jueces pueden hacer esa interpretación si ven que, de verdad, se ha mostrado ese interés.
Llegados a este punto se van a desgranar algunas de las herramientas que se pueden utilizar:
Oponerse a la ejecución. En este caso, hay que alegar que se ha impuesto una enajenación de la garantía que supone la propia vivienda, también se puede pedir una extinción de esa ejecución porque se esté cobrando de más y si esas cuantías son acordes a la legislación aplicable o por la posible existencia de cláusulas abusivas.
Así pues, en despachos como el de Montero de Cisneros se cuenta con estas asesorías sobre estas cuestiones. También es posible que el abogado que vaya a llevar el caso determine que se puedan rebajar considerablemente las cuantías a abonar y negociar una rebaja de la deuda exigida en un porcentaje bastante considerable.
En otros casos se procede a la dación en pago, o la venta extrajudicial del inmueble. El inmueble saldrá a subasta pública y una vez otro comprador se haga con él, la persona que adeudaba su hipoteca queda en paz con la entidad.
También existe la Ley de Segunda Oportunidad
Lo primero que se debe saber es ¿qué es y para qué sirve la Ley de Segunda Oportunidad? Esencialmente, se trata de una figura legal que está creada para asistir a todo aquel usuario, sea persona física o jurídica, a encauzar sus deudas insostenibles y lograr utilizar un mecanismo financiero nuevo que reconduzca la situación.
De este modo, los abogados especialistas en ley de segunda oportunidad hacen posible que las personas que están en esta situación tengan la posibilidad de cancelar o, en cualquier caso, reducir su deuda a través de un mecanismo completamente legal.
Así pues, un jurista experto en este tipo de legislación que regula la segunda oportunidad es la persona más capacitada para exponer ante la autoridad judicial los casos y guiar al cliente durante todas las fases del proceso.
En definitiva, los abogados especializados en asuntos hipotecarios y deudas son un garante para los clientes, ya que, mostrando buena voluntad, la ley ofrece herramientas beneficiosas que pueden aliviar, y mucho, la situación financiera de las familias más golpeadas por la crisis o la pérdida de empleo.
