España se ha propuesto un objetivo ambicioso: tener 5,5 millones de vehículos eléctricos circulando por sus carreteras en 2030. Esta cifra, establecida en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), representa un salto exponencial desde los 465.000 vehículos eléctricos que actualmente circulan por el país. Por ello y para alcanzar este objetivo, el Gobierno español ha puesto en marcha una serie de iniciativas, como el Plan moves 3, para impulsar la transición hacia la movilidad eléctrica y acelerar la descarbonización en el transporte por carretera.
Este programa, que está gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro (IDAE), estará disponible hasta el 31 de julio 2024 tras su ampliación. Tras ser dotado en un inicio con un presupuesto de 400 millones de euros, los responsables del mismo han ampliado esta cantidad hasta los 1.200 millones.
Líneas de actuación del Plan Moves III
El Plan Moves 3 cuenta con dos líneas de actuación. Por un lado, incentiva la compra de vehículos eléctricos (coches, furgonetas, motocicletas y cuadriciclos). Por otro lado, ayuda económicamente para la instalación de cargadores eléctricos, una infraestructura que es esencial para dar la certeza a los conductores de que van a contar con una red y una infraestructura suficiente para poder repostar en cualquier tipo de trayecto.
Al respecto, el estudio titulado “Un modelo de transporte descarbonizado para España en 2050” elaborado por Monitor Deloitte calcula que, únicamente en términos de estacionamientos de la vía pública o en aparcamientos públicos, será necesaria la instalación de entre 65.000 y 95.000 puntos de recarga si se quiere alcanzar la circulación de cinco millones de vehículos eléctricos en 2030.
Ante esta situación y para conseguir llegar a los objetivos prospectos, el Gobierno ha lanzado en los últimos meses nuevas normativas con el objetivo de incentivar la instalación de puntos de recarga en diferentes áreas y sectores. De este modo, en la actualidad es obligatoria la instalación en:
- Edificios no residenciales. Los edificios cuyo uso sea distinto al residencial privado y cuenten con una zona de aparcamiento con más de 20 plazas deben contar con dotaciones mínimas de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos proporcionales al número total de plazas de aparcamiento. Supermercados, aparcamientos de oficinas o centros de trabajo, fábricas, hoteles, restaurantes y centros comerciales entrarían, entre otros, dentro de esta categoría. Hay que tener en cuenta que las plazas eléctricas dependen del número de plazas totales del que disponga.
- Edificios públicos. Los requisitos de instalación de cargadores eléctricos serán más exigentes para el caso de edificios de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma. En concreto, la normativa exige 1 punto de carga por cada 20 plazas, en caso de edificios con hasta 500 plazas. En edificios de más de 500 plazas de aparcamiento se añadirá 1 punto de carga más por cada 100 plazas o fracción.
- Edificios residenciales. En edificios de viviendas de uso residencial privado con más de 10 plazas de aparcamiento y menos de 20, la normativa ya exige canalizaciones que sirvan como preinstalación de las infraestructuras de recarga para el 20% de las plazas de aparcamiento, así como la instalación de un punto de recarga cada 40 plazas o fracción
Quién puede beneficiarse del Plan Moves III
En este contexto normativo, acogerse a las ayudas contempladas en el Plan Moves III supone un importante apoyo económico tanto a la hora de adquirir un vehículo como a la hora de instalar los puntos de recarga para los coches eléctricos. Por ello, este programa, que está gestionado por las comunidades autónomas, está abierto a un perfil de beneficiario muy amplio.
En concreto, los ciudadanos particulares y los trabajadores autónomos residentes en España pueden solicitar ayudas para la compra de vehículos eléctricos, así como las comunidades de propietarios. También pueden acogerse a estas ayudas las empresas y otras entidades jurídicas en España y las Entidades de Conservación de Polígonos o Sociedades Agrarias de Transformación. Otros de los beneficiarios son las entidades locales y el sector público institucional,
Todos ellos podrán acogerse, si cumplen con los requisitos de la convocatoria, a las diferentes medidas que contempla el Plan Moves III. Entre ellas destacan las ayudas directas para la compra de vehículos que pueden llegar a alcanzar los 7.000 euros para turismos eléctricos puros.
Asimismo, el programa también contempla incentivos para los puntos de recarga por medio de subvenciones en viviendas, comunidades de vecinos, empresas y espacios públicos. En concreto, autónomos, particulares, comunidades de propietarios y administración sin actividad económica pueden conseguir hasta el 70% del coste subvencionable, que se incrementa hasta el 80% en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Para empresas y entes públicos con actividad económica se puede alcanzar hasta el 35% del coste subvencionable, un porcentaje que se incrementa hasta 45% en el caso de medianas empresas y hasta el 55% para pequeñas empresas. En el caso de que la infraestructura de recarga sea de acceso público y tenga una potencia igual o mayor a 50 kW, estos beneficiarios pueden conseguir una ayuda del 30% del coste subvencionable, un 40% en municipios de menos de 5.000 habitantes.
El Plan Moves III, como ya se ha demostrado con los planes anteriores, es un paso importante en el camino hacia un futuro más sostenible. Al promover la adopción de vehículos eléctricos, está contribuyendo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a mejorar la calidad del aire.
Y, para conseguirlo, la colaboración con empresas especializadas en la instalación de puntos de recarga será crucial al ser las capacitadas para diseñar, instalar y mantener los puntos de recarga necesarios para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos.
